BOE-A-2025-12406

Boletín Oficial del Estado

Sala Primera. Sentencia 108/2025, de 12 de Mayo de 2025. Recurso de Amparo 5361-2021. Promovido por Doña Magdalena Álvarez Arza y Otras Once Personas Más Respecto de Sendos Apartados del Dictamen de la Comisión de Investigación Constituida en el Congreso de los Diputados en Relación con el Accidente del Vuelo Jk5022 de la Compañía Spanair Acaecido el 20 de Agosto de 2008 en el Aeropuerto de Madrid-barajas. Supuesta Vulneración de los Derechos Al Honor y a la Presunción de Inocencia: Actuación de la Comisión Parlamentaria de Investigación Que No Vulneró el Derecho de los Comparecientes a Ser Considerados y Tratados Como No Autores o Partícipes en Conductas Ilícitas (stc 133/2018).

Fecha de publicación

miércoles, 18 de junio de 2025

Sección

T.C. Sección del Tribunal Constitucional

Departamento

Tribunal Constitucional

Epígrafe

Sentencias

Resumen

Sentencia del Tribunal Constitucional 108/2025, de 12 de mayo de 2025

Esta resolución analiza la impugnación de la conclusión décima y la recomendación novena del dictamen de la Comisión de Investigación del Congreso sobre el accidente del vuelo JK5022 de Spanair (2008). La sentencia confirma que dichas conclusiones no vulneran el derecho al honor ni la presunción de inocencia de los responsables, ya que se limitan a responsabilidades políticas colectivas y no atribuyen ilícitos jurídicos concretos.

Afecta a altos cargos políticos, administrativos y técnicos, incluyendo ministros, directores y responsables aeroportuarios, quienes fueron señalados por su participación en un fallo sistémico del sistema de seguridad aérea. La sentencia aclara que las actividades de las comisiones parlamentarias, en su función investigadora, tienen carácter político y no sancionador, por lo que no pueden realizar imputaciones individualizadas de responsabilidad penal o administrativa, garantizando la protección del derecho al honor y la presunción de inocencia en su dimensión extraprocesal.

El Tribunal desestima el recurso, considerando que las conclusiones y recomendaciones del Congreso se ajustan a la doctrina constitucional, limitándose a responsabilidades políticas sin efectos jurídicos vinculantes. La resolución subraya la importancia de respetar los límites de la actividad parlamentaria y la separación de poderes, garantizando el ejercicio del control político sin vulnerar derechos fundamentales. La sentencia entra en vigor de inmediato.